Una nueva normativa del Ministerio de Educación genera preocupación entre familias de estudiantes con autismo y otras discapacidades. La disposición regula el ingreso de personal de apoyo externo a las instituciones educativas y reemplaza la figura conocida como “maestro sombra” por la de “docente de apoyo externo”.
Familias deberán asumir el costo del acompañamiento
El acompañamiento escolar permite brindar apoyo individual a estudiantes que requieren ayuda adicional durante la jornada educativa, especialmente para comprender instrucciones, realizar actividades y afrontar situaciones de frustración.
La nueva normativa establece que este acompañamiento debe estar a cargo de un profesional de la educación y que el costo debe ser asumido por los padres de familia.
La medida genera preocupación entre familias que no cuentan con los recursos económicos para contratar este servicio. Actualmente, el acompañamiento puede representar un gasto de entre 500 y 1.000 dólares mensuales, un valor que resulta difícil de asumir para muchos hogares, especialmente en el sistema público.
Además, quienes cuestionan la normativa advierten que exigir exclusivamente profesionales de la educación podría reducir la cantidad de personas disponibles para brindar este apoyo y elevar su costo.
Organizaciones cuestionan la medida
La Fundación Aleluya del Ecuador presentó una impugnación administrativa contra las nuevas directrices y solicitó revisar su aplicación.
La organización sostiene que es responsabilidad del Estado garantizar que los estudiantes con discapacidad accedan a la educación en igualdad de condiciones.
Desde la fundación advierten que trasladar el costo del acompañamiento a las familias podría generar desigualdad, debido a que los estudiantes cuyos padres no puedan pagar por este servicio podrían quedarse sin el apoyo necesario.
La organización considera que esta situación podría afectar el derecho a la inclusión educativa de los estudiantes con discapacidad.
Según datos extraoficiales citados en el reporte, en Ecuador existen más de 150.000 niños con autismo.
Hasta el cierre de este reporte, el Ministerio de Educación no había respondido a la solicitud de información sobre la aplicación de esta normativa.
