Una mujer o niña es víctima de una muerte violenta por razones de género aproximadamente cada 22 horas en Ecuador. Entre el 1 de enero y el 15 de marzo de 2026, la Fundación ALDEA registró 78 casos, siete de ellos correspondientes a menores de edad. La cifra evidencia la persistencia de la violencia feminicida en el país, en un escenario marcado por el avance del crimen organizado y el uso creciente de armas de fuego.
De acuerdo con el registro de Fundación ALDEA, de las 78 víctimas contabilizadas durante ese periodo, la menor tenía apenas nueve años. Además, se identificaron cinco mujeres trans, 21 femicidios íntimos y 52 casos relacionados con sistemas criminales. Al menos 15 niñas, niños y adolescentes quedaron en situación de orfandad.
El uso de armas de fuego también constituye una de las principales características de esta violencia. Según ALDEA, el 78% de los femi(ni)cidios registrados en los primeros meses de 2026 fueron cometidos con armas de fuego.
La situación no es nueva. Un estudio de Flacso, basado en información oficial y registros de organizaciones de la sociedad civil, evidencia un incremento de la violencia feminicida durante los últimos años y una creciente relación con las dinámicas del crimen organizado.
La violencia feminicida se concentra en la Costa
Entre 2014 y 2025, la Alianza Feminista para el Mapeo de los Femi(ni)cidios contabilizó 1.596 casos en Guayas, El Oro, Esmeraldas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas, aproximadamente el 65% del total nacional.
La situación se intensificó en 2025, cuando la Costa concentró entre el 80% y el 82% de los femi(ni)cidios registrados en Ecuador, según los diferentes apartados del estudio. Esto significa que alrededor de ocho de cada diez casos se registraron en esta región.
Entre 2020 y 2025, los femi(ni)cidios registrados por la sociedad civil en estas provincias pasaron de 62 a 346 casos, mientras que los homicidios intencionales aumentaron de 987 a 8.228.
Las armas de fuego ganan espacio
El estudio de Flacso identifica una transformación en la forma en que se producen estos crímenes. En 2020, las armas de fuego estuvieron presentes en el 38,71% de los femi(ni)cidios registrados en la Costa. Para 2025, la proporción llegó al 84,68%.
La investigación señala que este incremento coincide con el fortalecimiento de estructuras criminales y con una mayor circulación de armas en los territorios.
En 2025, además, el 67,9% de los femi(ni)cidios registrados por la sociedad civil en la Costa estuvieron vinculados a sistemas criminales. Estos casos incluyen asesinatos relacionados con disputas territoriales, venganzas, extorsiones, secuestros, explotación sexual y otras actividades vinculadas con economías ilícitas.
El Oro y Los Ríos presentan las tasas más altas
Aunque Guayas concentra el mayor número de casos, las tasas por población femenina muestran una mayor incidencia en otras provincias.
En 2025, El Oro registró una tasa de 10,01 femi(ni)cidios por cada 100.000 mujeres, seguida por Los Ríos con 9,62, Santa Elena con 8,87, Manabí con 8,18, Esmeraldas con 8,16, Guayas con 6,01 y Santo Domingo de los Tsáchilas con 1,89.
El Oro y Los Ríos también registraron las tasas más altas de homicidios intencionales. Sin embargo, Flacso advierte que la relación entre violencia criminal y violencia feminicida no es automática y que cada territorio presenta dinámicas particulares.
Mujeres jóvenes, adolescentes y niñas entre las víctimas
Las mujeres de entre 18 y 27 años constituyen el grupo con mayor número de víctimas. No obstante, el estudio identifica un crecimiento especialmente importante entre mujeres de 38 a 47 años y adolescentes de 12 a 17 años.
La violencia también alcanza a niñas menores de 12 años. Al comparar los periodos 2014-2019 y 2020-2025, los femi(ni)cidios contra este grupo se multiplicaron por 4,3.
Las consecuencias alcanzan a las familias. Entre 2014 y 2025, al menos 679 mujeres asesinadas eran madres y 846 niñas, niños y adolescentes quedaron en situación de orfandad. En otros 58 casos, las víctimas estaban embarazadas.
Antecedentes de violencia antes de los asesinatos
Los registros de la sociedad civil muestran que algunos femi(ni)cidios estuvieron precedidos por situaciones de violencia.
En al menos 323 casos existía un vínculo previo entre la víctima y el agresor. De ellos, 181 correspondían a parejas actuales, 89 a exparejas, 34 a familiares cercanos y 19 a amigos o conocidos.
Además, en al menos 147 casos existían antecedentes de violencia. Veinticuatro víctimas tenían medidas de protección y en otros 53 casos se registraron abusos sexuales o tentativas previas.
Estos datos evidencian las dificultades del sistema para identificar situaciones de riesgo y brindar protección antes de que ocurran agresiones mortales.
Las causas judiciales avanzan a diferentes ritmos
La respuesta judicial también forma parte del panorama. Durante el primer semestre de 2026 se registraron 400 causas por femicidios y otras muertes violentas de mujeres, según el Consejo de la Judicatura.
De estas, 398 permanecían en trámite y dos constaban como resueltas. Esta clasificación, sin embargo, no implica necesariamente que exista una condena por femicidio, pues el estado procesal de una causa es diferente a una sentencia condenatoria.
Mientras algunos procesos llegan a sentencia, otros continúan abiertos. El caso de Alison Altamirano, asesinada en 2025, terminó con dos responsables condenados a 34 años y ocho meses de prisión.
En otros casos las familias continúan esperando respuestas, como ocurre con Nathalie Mazla, encontrada sin vida en Quito el 9 de junio, y Lizette Bunchi, cuyo cuerpo fue localizado después de 38 días de búsqueda y cuyo caso podría ser reformulado como femicidio, según su defensa.
Una violencia que continúa en 2026
Los registros disponibles muestran que la violencia feminicida permanece como una problemática nacional. La presencia de armas de fuego, el avance del crimen organizado y las distintas formas de violencia de género configuran un escenario cada vez más complejo.
El desafío para las instituciones no solo está en investigar y sancionar los asesinatos, sino también en detectar las señales de alerta, garantizar medidas de protección y evitar que las agresiones lleguen a un desenlace mortal.
Cada 22 horas, una nueva cifra se suma al registro. Detrás de ella hay una mujer o una niña, una historia y familias que esperan respuestas y justicia.
