En un golpe coordinado contra la impunidad, las fuerzas del orden lograron la localización y captura en la ciudad de Cuenca de Ernesto Antonio R. S., un ciudadano de 54 años de edad que encabezaba la lista de los prófugos «Más Buscados» de la provincia de Manabí. El ciudadano era requerido de forma prioritaria por los tribunales de justicia debido a su responsabilidad en un grave delito de índole sexual en contra de una niña.

La detención se concretó en el marco de la operación denominada «Fénix 329», un despliegue táctico liderado de forma directa por la Unidad Nacional de Detención de Personas de Alta Peligrosidad Requeridas por la Ley, un brazo especializado de la Policía Nacional. Gracias a las tareas previas de análisis y seguimiento de la inteligencia policial, los uniformados lograron ubicar el paradero exacto del sospechoso, procediendo a su arresto inmediato.

Antecedentes y proceso judicial

De acuerdo con los reportes oficiales y los expedientes de la investigación, los hechos que motivaron su búsqueda ocurrieron el 16 de mayo de 2023. En aquella fecha, el hoy detenido perpetró el delito de violación en contra de una menor de tan solo 10 años de edad, en un suceso registrado en el sector de La Piñonada, perteneciente al cantón Portoviejo.

Debido a la gravedad de la agresión y tras los debidos procesos legales, sobre el sujeto pesaba una orden de captura vigente y, además, una sentencia ejecutoriada. Los tribunales correspondientes ya lo habían condenado a una pena privativa de libertad de 29 años y 4 meses de prisión.

Cooperación internacional y situación actual

Un elemento clave para el éxito de la intervención fue la cooperación internacional. La organización no gubernamental OUR Rescue participó activamente en el proceso brindando el soporte técnico y logístico necesario a las unidades policiales, lo que facilitó el rastreo y la posterior aprehensión.

Tras formalizarse su detención y certificar su estado de salud, Ernesto Antonio R. S. fue puesto a disposición inmediata de los magistrados y las autoridades judiciales competentes. El sentenciado deberá ser trasladado al centro de rehabilitación social asignado para empezar a cumplir la condena de casi tres décadas impuesta por la ley.