El presidente de la República, Daniel Noboa, firmó un nuevo decreto para extender el estado de excepción en nueve provincias y tres cantones, como parte de la estrategia del Gobierno frente a la crisis de seguridad que atraviesa el país.

La medida implica la continuidad de disposiciones extraordinarias en territorios considerados de alta conflictividad, donde operan estructuras del crimen organizado y se han registrado hechos violentos en las últimas semanas.

El estado de excepción permite a las fuerzas del orden reforzar operativos, realizar controles intensivos y mantener presencia militar en apoyo a la Policía Nacional. Entre las disposiciones que pueden aplicarse están la limitación del derecho a la inviolabilidad de domicilio, restricciones a la libertad de tránsito en determinados horarios y la movilización permanente de Fuerzas Armadas.

Desde el Ejecutivo se argumenta que la decisión responde a informes de inteligencia que advierten sobre el riesgo de nuevos atentados, asesinatos selectivos y disputas territoriales entre bandas criminales.

Sin embargo, sectores políticos y organizaciones de derechos humanos han cuestionado la reiteración de esta figura, señalando que el país ha permanecido bajo estados de excepción de forma recurrente y que se requieren políticas estructurales para enfrentar la violencia.

Con esta renovación, el Gobierno reafirma su postura de mantener medidas extraordinarias mientras persista la amenaza a la seguridad interna. El impacto real de esta decisión dependerá de los resultados operativos en territorio y de la capacidad del Estado para sostener una estrategia integral más allá de la emergencia.