Un juez dictó prisión preventiva contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, dentro de la investigación conocida como caso Goleada, que indaga presuntos delitos de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. La medida fue adoptada durante una audiencia en Quito y, en las primeras horas de este jueves 12 de febrero de 2026, Álvarez fue trasladado al Centro de Privación de Libertad Regional Cotopaxi, en Latacunga, bajo custodia policial.
La decisión judicial se produjo la tarde del miércoles 11 de febrero, cuando el juez anticorrupción dictó la prisión preventiva contra Álvarez y otras personas vinculadas al caso, tras escuchar los argumentos de la Fiscalía General del Estado. El Ministerio Público sostiene que existen indicios suficientes para vincular a los procesados con una red destinada a la evasión de controles estatales y presuntos delitos financieros.
Pese a que en primera instancia la medida fue dictada para que Álvarez y sus hermanos cumplan prisión en la Cárcel 4 de Quito, el abogado defensor, Ramiro García, confirmó que el alcalde fue enviado a la cárcel de Latacunga, donde ingresó en la madrugada de este jueves. El traslado se realizó en un autobús custodiado por un operativo policial.
En total, cinco de los implicados en el proceso recibieron prisión preventiva, mientras que a otros se les impusieron medidas cautelares como presentación periódica o prohibición de salida del país, y a una persona de edad avanzada se le concedió arresto domiciliario.
La defensa ha anunciado recursos de apelación contra la prisión preventiva, argumentando que se estaría usando esta medida como una “pena anticipada” y sin un análisis individualizado de riesgos procesales. Sectores políticos afines a Álvarez también han denunciado persecución política, mientras que sus críticos sostienen que la justicia debe seguir su curso sin interferencias.
El caso Goleada continúa bajo instrucción fiscal, con plazos definidos por la Fiscalía para avanzar en la investigación. La medida de prisión preventiva impuesta a Álvarez mantendrá al alcalde tras las rejas mientras se profundizan las pesquisas, y su situación legal podría definirse en los próximos meses a medida que se acumulen pruebas y se desarrollen los recursos legales presentados por su defensa.
