La Fiscalía General del Estado, con apoyo de la Policía Nacional, ejecutó un allanamiento a un inmueble vinculado a Luisa González, excandidata presidencial por la Revolución Ciudadana, en el marco de una investigación por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos, dentro de una indagación previa conocida como Caso Caja Chica.
El operativo se realizó como parte de una serie de diligencias simultáneas en varias provincias del país, orientadas a recabar indicios documentales, tecnológicos y financieros que permitan esclarecer el presunto ingreso y manejo de recursos de origen ilícito. Según la Fiscalía, los fondos investigados estarían relacionados con un esquema organizado que habría operado para movilizar dinero sin justificación legal.
De acuerdo con información oficial, la investigación se encuentra en fase previa, lo que implica que no existen, por el momento, personas detenidas ni formulación de cargos, mientras se analizan los elementos incautados durante los allanamientos.
El delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos, contemplado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), sanciona la participación estructurada de dos o más personas con el objetivo de ocultar o legitimar recursos de origen ilícito. En este caso, las autoridades buscan determinar la procedencia del dinero y su posible uso en actividades políticas.
El allanamiento se produce en un contexto de alta sensibilidad política, debido a que González fue candidata presidencial en los comicios de 2023, lo que ha generado reacciones inmediatas desde sectores del correísmo, que han calificado la investigación como un acto de persecución judicial.
Dirigentes de la Revolución Ciudadana y aliados políticos expresaron su rechazo al operativo, asegurando que se trata de una acción con motivaciones políticas. Por su parte, la Fiscalía ha reiterado que las diligencias responden exclusivamente a una investigación penal en curso y que se actúa conforme a la ley y al debido proceso.
El desarrollo del Caso Caja Chica mantiene la atención pública sobre la transparencia del financiamiento político y el combate a los delitos financieros en el país. Las autoridades han señalado que las investigaciones continuarán hasta determinar si existen responsabilidades penales, mientras el caso sigue bajo estricta reserva legal.
