La ministra de Gobierno, Nataly Morillo, y el gobernador del Azuay, Xavier Bermúdez, se reunieron este 19 de enero de 2026 con autoridades locales para revisar la seguridad de la provincia.
En la reunión, la ministra destacó que los asesinatos en Azuay bajaron a la mitad durante el año 2025. Explicó que los problemas actuales no son por delitos comunes, sino por culpa de bandas internacionales, mafias y la minería ilegal. También mencionó que están trabajando para eliminar la corrupción dentro de las propias instituciones del Estado.
Sobre los crímenes recientes ocurridos en la zona de Tamarindo, dijo que la Policía y la Fiscalía ya los están investigando. Por último, anunció que los militares reforzarán la vigilancia en la provincia para frenar a los grupos criminales que intentan controlar algunas comunidades a través de la minería ilegal.
Consultada sobre las denuncias ciudadanas por el funcionamiento de las Unidades de Policía Comunitaria (UPC), la ministra indicó que el Ejecutivo emitió el Decreto 288, que dispone a los ministerios de Defensa y del Interior revisar el tema de emergencia en seguridad y analizar la adquisición de bienes y servicios vinculados a la seguridad y el orden público.
“El presidente (Daniel Noboa) ha dispuesto revisar el tema de emergencia en seguridad. Además, facilitar que los procesos de contratación publica se realicen de manera mas rápida y eficaz, porque a veces la traba es dentro de la contratación pública”, explicó.
Según la ministra, para las Fuerzas Armadas se han destinado más de 2.000 millones de dólares y para la Policía Nacional 2.200 millones, montos que forman parte de la planificación presupuestaria de los ministerios de Defensa y del Interior.
En el caso de Azuay, Morillo mencionó inversiones por más de 20 millones de dólares en infraestructura vial, como la vía Cuenca–Molleturo–El Empalme, y alrededor de 110 millones destinados a la ampliación de obras estratégicas.
Por su parte, el Gobernador Xavier Bermúdez aseguró que se mantendrá el trabajo territorial en seguridad y salud. Agregó que no considera necesaria una declaratoria de emergencia en el sector sanitario.
Desde los sectores ciudadanos, el presidente de la Federación de Barrios de Cuenca, Roberto Mosquera, indicó que la semana anterior dirigentes barriales acudieron a la Gobernación para exigir coordinación efectiva en temas de seguridad.
“Fuimos a reclamar y a exigir que haya un trabajo articulado con los barrios. Esto frente a problemas que son de conocimiento público, como los robos que se están suscitando”, manifestó.
Mosquera señaló que varias UPC continúan cerradas y que esta situación fue planteada a las autoridades.
“Sabemos que hay falta de personal, pero se llegó al compromiso de mantener abiertas las UPC”, afirmó.
Entre los acuerdos mencionó la necesidad de mejorar la respuesta del ECU 911. Incrementar las visitas de autoridades a los barrios y reforzar la presencia policial.
En plazo de dos meses se realizará una nueva reunión con la Gobernación para evaluar avances y resultados.
La mesa territorial de seguridad se desarrolló sin la presencia del alcalde Cristian Zamora ni de autoridades del Consejo de Seguridad Ciudadana del cantón.
El alcalde cuestionó la falta de acciones visibles en materia de seguridad y afirmó que, la mayor inversión en este ámbito en Cuenca proviene del Municipio, a través de la tasa de seguridad ciudadana.
“No vemos efectivos policiales, o los vemos muy poco. Por eso he pedido que trabajemos en unidad”, manifestó.
Añadió que la semana pasada se registró un despliegue conjunto entre Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Guardia Ciudadana, EMOV y Bomberos. Lo consideró una respuesta necesaria frente al aumento de la inseguridad.
Además, pidió que el Gobierno informe en qué han invertido de los presupuestos ordinarios y el extraordinario del 3% del IVA para la seguridad.
El gobernador Xavier Bermúdez indicó que Zamora no fue invitado a la mesa territorial porque “no es el presidente de los barrios” y en la mesa provincial de seguridad tiene el espacio para trabajar conjuntamente.
