En una audiencia que reunió nuevos elementos de investigación contra Los Chone Killers, la Fiscalía expuso cómo el líder conocido como ‘Negro Tulio’ seguía operando su estructura delictiva pese a estar recluido. Según los testimonios y evidencias presentadas, el cabecilla no solo ordenaba extorsiones al sector de transporte, sino que también influía en decisiones locales con un fin: proteger sus vínculos de poder fuera de la cárcel.

El proceso judicial, que incluye a 15 personas señaladas como parte del círculo operativo del líder de la organización, reveló que la prisión no era un límite para sus actividades, sino un centro de mando improvisado.

De acuerdo con la teoría presentada en la sala, la estructura delictiva tenía una doble misión en Durán:

1 Control financiero sobre el transporte

La banda habría establecido un sistema de pagos obligatorios disfrazados de “permisos de operación”, exigidos a conductores de buses, taxis y servicios de carga que circulaban en la zona.
No se trataba de cuotas fijas: el monto variaba según la rentabilidad de la ruta, el horario y el número de unidades. Este cálculo, según la investigación, era revisado por delegados de confianza que luego reportaban los valores directamente a un intermediario del líder, quien recibía instrucciones desde prisión.

Los cobradores no eran elegidos al azar; se rotaban, se medían resultados y se pedían reemplazos cuando el rendimiento no cumplía lo esperado. El terror era la herramienta de disciplina, no el mensaje.

2 Gestión de intereses institucionales

La Fiscalía también expuso que el líder buscaba incidir en decisiones dentro de la Autoridad de Tránsito de Durán (ATD), no para mejorar la movilidad, sino para mantener el control sobre contratos sensibles y blindar su red.

Según se indicó, la estrategia consistía en operar mediante mensajes codificados, visitas dirigidas y el uso de “voceros legales” que en apariencia actuaban por cuenta propia, pero que en realidad movían solicitudes específicas del grupo.

Pulso político cantonal como parte del plan

Uno de los puntos más llamativos de la audiencia no tuvo que ver con armas ni cobros, sino con política municipal.

La investigación sostiene que el líder y su organización tenían interés en una reconfiguración del Concejo Cantonal: específicamente, en el reemplazo de liderazgos que no garantizaban su continuidad de nexos.

Según lo expuesto, la banda habría buscado el debilitamiento de la vicealcaldesa, con una intención que no era ideológica, sino operativa: abrir espacio para que otra concejal asuma un rol clave y así sostener conexiones favorables en el Municipio.

No se trataba de quién gobernaba, sino de quién firmaba, autorizaba y permitía.

Para la Fiscalía, Los Chone Killers no solo buscan dominancia territorial por medio de la violencia, sino territorial por medio de la decisión pública. Y el caso muestra una lección mayor: las bandas ya no solo quieren calles, quieren oficinas.