Desde su llegada a la Presidencia de Ecuador, Daniel Noboa ha recurrido de forma constante a los estados de excepción como una de sus principales herramientas frente a las crisis de seguridad y conflictividad interna. Hasta la fecha, el mandatario suma 23 decretos relacionados con esta medida extraordinaria.

Los estados de excepción permiten al Ejecutivo aplicar medidas temporales ante situaciones consideradas extraordinarias, entre ellas restricciones a determinados derechos constitucionales y el despliegue reforzado de Fuerzas Armadas y Policía.

La mayoría de estas declaratorias han estado justificadas por el Gobierno bajo el argumento de enfrentar la violencia criminal, el narcotráfico, la grave conmoción interna y la necesidad de recuperar el control territorial en zonas con altos índices de inseguridad.

Entre las medidas aplicadas en distintos decretos han constado restricciones a la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia y limitaciones a la libertad de tránsito mediante toques de queda en determinados sectores del país.

Uno de los decretos más recientes renovó el estado de excepción para Quito y varias provincias como Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos, manteniendo medidas extraordinarias por 30 días adicionales.

Mientras el Gobierno sostiene que estas acciones son necesarias para enfrentar el crimen organizado y garantizar el orden público, el uso reiterado del estado de excepción también ha generado debate sobre su efectividad, impacto económico y alcance constitucional dentro del país.