El Tribunal de Garantías Penales del Guayas dictó este lunes 22 de diciembre de 2025 una sentencia histórica contra 11 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, imponiéndoles 34 años y 8 meses de cárcel por ser considerados autores directos del delito de desaparición forzada de cuatro menores de edad en el denominado Caso Las Malvinas.
Luego de casi siete semanas de audiencia de juzgamiento, el tribunal presidido por el juez Jovanny Suárez Chávez resolvió que los 11 uniformados actuaron como autores directos de la privación ilegal de libertad de los cuatro menores Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, hechos ocurridos el 8 de diciembre de 2024 en el sur de Guayaquil.
Los menores, de entre 11 y 15 años, salieron a jugar fútbol, pero una patrulla militar de la FAE los detuvo sin orden judicial y los trasladó a una zona rural en Taura donde fueron abandonados en condiciones de indefensión; días después sus cuerpos fueron encontrados calcinados, según el expediente judicial.
Además de las penas principales, el tribunal impuso multas de 800 salarios básicos unificados y ordenó una reparación integral de $10 000 para las familias de cada una de las víctimas, así como disculpas públicas y una ceremonia de desagravio que incluya una placa conmemorativa en la base militar implicada.
Mientras tanto, cinco militares que colaboraron con la fiscalía recibieron sentencias de 30 meses de prisión por su cooperación, y un teniente coronel procesado como presunto cómplice fue declarado inocente por falta de pruebas suficientes.
Organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas calificaron la resolución como “un paso importante para la justicia”, aunque anunciaron que seguirán vigilantes ante los recursos de apelación que han anunciado las defensas.
La sentencia del Caso Malvinas marca un hito judicial en Ecuador en materia de derechos humanos y uso indebido de la fuerza estatal, al responsabilizar penalmente a militares por la desaparición forzada y muerte de menores. La expectativa ahora se centra en las apelaciones y pronunciamientos oficiales de las instituciones implicadas, así como en la respuesta del Estado frente a las recomendaciones de capacitación en derechos humanos y medidas para prevenir violaciones similares en el futuro.
