El hospital de especialidades José Carrasco Arteaga de Cuenca, administrado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), se encuentra en el ojo del huracán debido a presuntas irregularidades administrativas. El asambleísta por la provincia de Azuay, Adrián Castro, ha puesto en marcha un proceso de fiscalización tras detectar cuestionables decisiones por parte de la nueva gerencia de la institución.

Para esclarecer el panorama, Castro envió una solicitud de información formal al presidente del Consejo Directivo del IESS, Bernardo Cordovez, exigiendo explicaciones detalladas y certificadas sobre la situación interna del centro de salud.
1. Monopolio en la toma de decisiones financieras
El legislador señaló directamente al nuevo gerente del hospital, Jefferson Gallardo, quien asumió el cargo recientemente. Según la denuncia, el 19 de junio de 2026 —apenas tres días después de haber sido posesionado—, Gallardo emitió una directriz que prohíbe realizar cualquier tipo de pago, transferencia, contrato u orden de compra sin su consentimiento y firma previa.
De acuerdo con Castro, esta medida concentra todo el gasto del hospital en una sola persona, lo que contradice directamente las normas de control interno de la Contraloría General del Estado, las cuales exigen la separación de funciones para garantizar la transparencia y evitar la corrupción.
2. Intentos reiterados de contratación sin cumplir el perfil
Otro punto crítico de la denuncia involucra a Leandro Pío Valero Peñafiel. El asambleísta reveló que, a pesar de no ser un funcionario público, esta persona ingresa y transita libremente por las áreas administrativas del hospital.
Según documentos de Talento Humano del IESS presentados por Castro, el gerente Gallardo ha intentado vincular a Valero a la nómina de la institución en tres ocasiones para cargos de alta relevancia:
- Coordinador general de Docencia: Postulación que fue rechazada inicialmente por no cumplir con los requisitos profesionales exigidos.
- Jefe de la Unidad de Gestión Hospitalaria: Área clave encargada de derivar pacientes a clínicas privadas.
- Coordinador general de Control de Calidad.
Para abrir espacio a estos intentos de contratación, la administración removió de sus puestos a tres profesionales en funciones (los doctores David Vera, Hernán Segarra y Patricio Beltrán) sin que mediara una evaluación de desempeño previa, siendo retirados únicamente para liberar las vacantes.
3. Presunto conflicto de intereses
El asambleísta Castro advirtió que la insistencia por contratar a Valero representa un grave peligro ético y legal. El ciudadano en mención posee el 75% de las acciones de una empresa de servicios médicos llamada «Médicos Velero», la cual a su vez está vinculada a «Ferr & Rob», una firma de mantenimiento y limpieza que provee servicios al Estado.
Castro recordó que la Constitución del Ecuador prohíbe explícitamente que personas con intereses económicos en el sector privado asuman cargos públicos donde deban regular o controlar esas mismas áreas de actividad.