La Policía Nacional, junto con las autoridades de migración, realizó el operativo de control «APOLO 09» en varios sectores de Cuenca, específicamente en El Arenal, la Terminal Terrestre y la Plaza Nueva de Octubre. Durante esta intervención, se retuvo a 44 ciudadanos procedentes de Venezuela, Colombia y Perú que se encontraban en el país sin los documentos legales obligatorios. Después de las primeras gestiones legales, la mitad de los detenidos recibió la orden de asistir a una audiencia administrativa en un plazo de diez días, mientras que las otras 22 personas serán expulsadas directamente hacia Colombia y Perú.
El gobernador de Azuay, Xavier Bermúdez, añadió que también se revisó la situación de otros 47 extranjeros, quienes pudieron demostrar que sus papeles estaban en regla y recibieron la autorización para quedarse en el territorio de forma legal.
Indicó que las causas de deportación inmediata fueron el estado migratorio irregular y la presencia de personas que representaban un riesgo, entre ellas prestamistas ilegales y ciudadanos con antecedentes.
Añadió que este operativo también permitió rescatar a una menor de edad víctima de explotación sexual. La Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (DINAPEN) quedó a cargo de este procedimiento.
Asimismo, las autoridades aprehendieron a dos ciudadanos ecuatorianos por presunta posesión de sustancias sujetas a fiscalización, caso que reportaron a la Fiscalía del Azuay para la investigación respectiva.
Carlos Cordero, abogado experto en migración, explicó que este tipo de operativos tiene sustento legal en la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que faculta al Estado ecuatoriano a hacer controles para verificar la situación migratoria.
“El Estado tiene competencia para identificar a personas que hayan incumplido requisitos de ingreso o permanencia, con el objetivo de mantener el control administrativo y la seguridad pública…”, señaló.
Añadió: “Cuando hay indicios de permanencia irregular o posibles riesgos para el orden público, las autoridades pueden iniciar procedimientos administrativos y aplicar medidas cautelares…”.
Sin embargo, aclaró que hay opciones de regularización que dependen de cada caso. “Hay alternativas como visas temporales o permanentes, reunificación familiar y mecanismos de protección que pueden aplicarse (…)”.
Eddison Barríos, de la fundación Venezolanos Solidarios, quien reside en Cuenca desde hace ocho años, considera que muchos de sus compatriotas necesitan orientación y acompañamiento para regularizar su situación migratoria.
“Hay que tomar en cuenta que muchos migrantes llegan enfrentando dificultades económicas, barreras informativas y trámites que pueden resultar complejos, y por eso no lo hacen…”, advirtió.
“Miles de extranjeros trabajan, emprenden y aportan diariamente a la ciudad. Hay personas que buscan oportunidades y desean cumplir la ley para construir un futuro estable…”, concluyó.
