El reciente femicidio de una funcionaria en el puente de la Unidad Nacional, presuntamente cometido por su pareja, un sargento de Policía, reabre un patrón alarmante en Ecuador: al menos nueve casos de mujeres asesinadas por uniformados entre 2022 y 2026, según registros periodísticos.

El caso más reciente ocurrió el 20 de abril de 2026, cuando Solange Arellano fue asesinada a tiros mientras se movilizaba en el eje vial entre Guayaquil y Durán. Las investigaciones apuntaron a su pareja, un miembro activo de la Policía Nacional, quien posteriormente se suicidó tras confesar el crimen.

Este hecho no es aislado. De acuerdo con reportes recopilados en los últimos años, al menos nueve femicidios han sido perpetrados por policías en el país desde 2022. En tres de esos casos, los agresores también se quitaron la vida, mientras que en los demás procesos hubo sentencias contra los responsables.

Uno de los antecedentes más emblemáticos es el femicidio de María Belén Bernal en 2022, ocurrido dentro de la Escuela Superior de Policía, cuyo principal sospechoso fue su pareja, el entonces teniente Germán Cáceres. El caso evidenció fallas estructurales dentro de la institución y generó sanciones a varios uniformados por omisión o encubrimiento.

A estos hechos se suman otros procesos, como el de un policía en Tena en 2023, acusado de asesinar a su expareja, lo que confirma que la violencia de género también atraviesa a las fuerzas del orden.

Organizaciones y registros independientes advierten que el femicidio en Ecuador responde en su mayoría a contextos de relaciones cercanas, donde las víctimas conocían a sus agresores. Este patrón también se replica en casos donde los victimarios pertenecen a instituciones encargadas de garantizar la seguridad.

La reiteración de estos crímenes plantea cuestionamientos sobre los controles internos, la prevención de violencia intrafamiliar dentro de la Policía y la capacidad del Estado para detectar riesgos antes de que escalen a femicidio. Mientras los casos se acumulan, el desafío sigue siendo evitar que el uniforme se convierta en un factor de impunidad en lugar de protección.