En una operación coordinada de la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional del Ecuador, seis personas tres de nacionalidad ecuatoriana y tres extranjeras fueron aprehendidas en las provincias de Pichincha y Carchi por su presunta participación en una red de trata de personas con fines de explotación laboral.
n la madrugada de este miércoles 4 de marzo, las autoridades ejecutaron varios allanamientos simultáneos como parte de una investigación iniciada hace varios meses tras recibir denuncias sobre captación y traslado irregular de víctimas, presuntamente para ser explotadas laboralmente fuera del país.
Según el informe de la Fiscalía, los seis detenidos —entre ellos Yin J., Christian S. y Romel M. — estarían vinculados a una organización que ofrecía oportunidades de empleo fraudulentas para reclutar personas y gestionar su salida del país, bajo condiciones engañosas que luego derivaban en trabajos con jornadas extensas, restricciones de movilidad y condiciones precarias.
Durante los allanamientos las fuerzas del orden incautaron diversos indicios, entre ellos un vehículo tipo furgoneta supuestamente utilizado para el transporte de las víctimas, así como pasaportes, cédulas de identidad, dispositivos electrónicos y teléfonos celulares. Estos elementos serán sometidos a análisis forense para establecer su vinculación con el presunto delito.
La Fiscalía informó que en las próximas horas se definirá la situación jurídica de los aprehendidos y que presentará los elementos de convicción recopilados hasta el momento para sustentar las acusaciones correspondientes.
En Ecuador, la trata de personas está tipificada en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y contempla penas de prisión que pueden oscilar entre 13 y 16 años, dependiendo de las circunstancias y agravantes del caso.
Las autoridades recalcaron que esta intervención se enmarca dentro de un esfuerzo continuo para combatir las redes de explotación humana, reforzando las investigaciones y mecanismos de coordinación interinstitucional para proteger a las víctimas y sancionar a los presuntos responsables de estos delitos que atentan contra los derechos fundamentales.
