El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, se mantendrá formalmente como titular del Municipio porteño, aun cuando permanece con prisión preventiva en el marco del caso Goleada, debido a que la normativa vigente no contempla la pérdida del cargo sin una sentencia penal ejecutoriada, explicó un jurista especializado en derecho constitucional.

El tema de la continuidad en el cargo del alcalde de Guayaquil ha generado debate político y jurídico en el país tras su detención la semana pasada dentro de una investigación por presunta delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria conocida como el caso Goleada.

A pesar de que Álvarez fue puesto en prisión preventiva por un juez anticorrupción el 11 de febrero de 2026, la normativa que regula los gobiernos autónomos descentralizados el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) no establece un plazo específico ni efectos automáticos de pérdida del cargo para un alcalde en funciones mientras esté procesado, detallaron expertos legales.

Según juristas consultados, solo una sentencia ejecutoriada es decir, una resolución penal firme que implique la pérdida de los derechos políticos podría desencadenar la destitución de un alcalde. Mientras ese escenario no se dé, el cargo se considera formalmente vigente aunque la persona esté ausente por medidas cautelares.

La legislación sí contempla que, en casos de ausencia temporal mayores a tres días, la vicealcaldesa asume la subrogación para garantizar la continuidad administrativa; sin embargo, no se fija un tope máximo ni una definición precisa de “ausencia definitiva” en este tipo de procesos judiciales.

En ese sentido, fuentes institucionales recalcan que la vicealcaldesa de Guayaquil, Tatiana Coronel, ha estado ejerciendo funciones de manera interina mientras se define el proceso judicial.

La decisión judicial que ordenó la prisión preventiva para Álvarez también alcanzó a varios de sus allegados, incluidos sus hermanos, en medio de un proceso que ha sido calificado por figuras políticas afines como una supuesta persecución política, mientras otros sectores exigen transparencia y el rigor del debido proceso.

Aunque el alcalde de Guayaquil esté con prisión preventiva, su permanencia en el cargo se mantiene hasta que exista una sentencia penal ejecutoriada que lo inhabilite, de acuerdo con la normativa actual y la interpretación de juristas. Esto prolonga la discusión sobre cómo equilibrar el debido proceso con la estabilidad institucional en uno de los gobiernos municipales más importantes del Ecuador.