La Fiscalía General del Estado pidió prisión preventiva para el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y otras nueve personas procesadas en el denominado caso Goleada, que investiga una presunta estructura de delincuencia organizada vinculada a lavado de activos y defraudación tributaria. La solicitud se realizó durante la audiencia de formulación de cargos desarrollada en Quito.

La audiencia se instaló en la Unidad Judicial Especializada en Delitos Relacionados con Corrupción, en el Complejo Judicial Norte de Quito. En esta diligencia, el juez declaró legal la detención de los once investigados, tras verificar que el procedimiento se ajustó a derecho.
Durante su intervención, la Fiscalía presentó varios elementos de convicción que, según su teoría del caso, evidenciarían la existencia de un entramado societario que habría operado para evadir controles estatales y cometer presuntas irregularidades en el ámbito económico y tributario.
Con base en estos indicios, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva para diez de los procesados, entre ellos Aquiles Álvarez y sus hermanos, mientras que para un undécimo implicado debido a su condición de adulto mayor pidió arresto domiciliario. Asimismo, la Fiscalía requirió el congelamiento de cuentas bancarias como medida cautelar adicional.
La detención del alcalde se produjo en un operativo ejecutado por la Fiscalía y la Policía Nacional en Guayaquil y Samborondón, tras lo cual los implicados fueron trasladados a Quito para la audiencia.
Por su parte, la defensa de Álvarez ha cuestionado el proceso y sostiene que los hechos investigados guardan relación con otro expediente judicial previo. Además, ha presentado documentación para acreditar arraigo y solicitar que no se dicte prisión preventiva.
El juez deberá analizar los argumentos de la Fiscalía y de la defensa antes de resolver si dicta prisión preventiva o dispone medidas alternativas. La decisión marcará un punto clave en este proceso judicial que ha generado repercusión política y nacional debido al perfil del principal investigado.