La madrugada de este martes 10 de febrero de 2026, la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional ejecutaron una serie de allanamientos en la provincia del Guayas que derivaron en la detención del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, junto con sus hermanos Antonio y Xavier Álvarez, y otras ocho personas, en el denominado “Caso Goleada”, que investiga una presunta red de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.
La Fiscalía informó que fueron ejecutadas órdenes de detención con fines de formulación de cargos contra 11 personas involucradas en esta investigación, entre ellas los hermanos Álvarez, quienes ocupan posiciones relevantes tanto en el plano político como empresarial del país.
Los operativos se realizaron en varios domicilios de Guayaquil, incluyendo la residencia del propio alcalde y las casas de allegados. Según fuentes fiscales y policiales, los detenidos serán trasladados para la debida legalización de su detención y formulación de cargos, en Quito, donde continuará el procedimiento judicial.
La investigación del caso Goleada está centrada en presuntas irregularidades económicas que podrían constituir delitos relacionados con lavado de activos y defraudación tributaria, aunque las autoridades aún no han divulgado detalles específicos sobre las evidencias que motivaron las detenciones.
En un comunicado de la Fiscalía en la red social X, se indicó que la acción represiva fue coordinada con la Policía Nacional y forma parte de una pesquisa más amplia contra lo que se considera una estructura de presunta delincuencia organizada.
Este proceso judicial se suma a otra investigación de alto perfil en contra de Aquiles Álvarez, conocida como “Caso Triple A”, relacionada con presuntos delitos de comercialización ilegal de combustibles, en la que ya se le había impuesto medidas cautelares, incluyendo el uso de un grillete electrónico que, según las autoridades, no portaba al momento de su detención.
La detención ha generado reacciones encontradas en el espectro político ecuatoriano. Figuras afines al correísmo, como la prefecta de Pichincha Paola Pabón y la asambleísta Viviana Veloz, han criticado lo que califican como un posible uso político de la justicia, mientras que representantes de otros sectores han respaldado las acciones fiscales y policiales.
Por su parte, desde las autoridades de Guayaquil se ha expresado un llamado a la ciudadanía para mantener la calma y respetar el debido proceso, aunque la vicealcaldesa ha señalado que “Guayaquil no va a callarse” ante lo que consideran un hecho de alta trascendencia judicial y política.
Hasta el momento, el caso continúa en desarrollo y la Fiscalía no ha proporcionado un cronograma oficial sobre cuando se realizará la audiencia de formulación de cargos ni los posibles delitos concretos que se imputarán a cada uno de los detenidos. El país permanece atento a nuevas actualizaciones sobre este proceso que involucra a uno de los funcionarios públicos más prominentes del Ecuador y que podría tener impacto significativo en el panorama político y judicial nacional.
