La Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, vuelve a estar en el centro de la preocupación nacional tras el registro de varias muertes de personas privadas de libertad en los últimos días, presuntamente vinculadas a cuadros de tuberculosis y desnutrición severa. La situación ha encendido las alertas de familiares, organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales, que advierten un deterioro acelerado de las condiciones de salud dentro del centro carcelario.

De acuerdo con denuncias de familiares y reportes preliminares, al menos 18 reclusos habrían fallecido en menos de 48 horas, sin que existan indicios de hechos violentos en la mayoría de los casos. Los decesos estarían relacionados con enfermedades no atendidas a tiempo, principalmente tuberculosis, así como con desnutrición crónica, una problemática que se ha agravado por el hacinamiento y la precariedad de los servicios médicos.

Familiares aseguran que varios de los internos presentaban síntomas evidentes de deterioro físico, pérdida extrema de peso, dificultad respiratoria y cuadros infecciosos avanzados. También han denunciado demoras en la entrega de los cuerpos, falta de información oficial y ausencia de protocolos claros para atender emergencias sanitarias dentro del penal.

La Penitenciaría del Litoral enfrenta desde hace meses una crisis estructural de salud, marcada por el hacinamiento, la escasez de personal médico, la limitada provisión de medicamentos y la propagación de enfermedades infectocontagiosas. La tuberculosis, altamente transmisible en espacios cerrados y sobrepoblados, se ha convertido en una de las principales amenazas para la población penitenciaria.

Aunque el Ministerio de Salud ha reconocido la existencia de cientos de casos de tuberculosis en tratamiento dentro del sistema carcelario, familiares y defensores de derechos humanos cuestionan la efectividad de las medidas adoptadas y advierten que la atención llega tarde o resulta insuficiente, especialmente para los internos con cuadros graves.

La situación ha generado reacciones a nivel nacional e internacional. Organismos de derechos humanos han reiterado que el Estado tiene la obligación de garantizar la vida y la integridad de las personas bajo su custodia, recordando que las muertes por enfermedades prevenibles o tratables podrían constituir graves vulneraciones a los derechos humanos.

Mientras las autoridades continúan evaluando las causas exactas de los fallecimientos, familiares exigen transparencia, atención médica urgente y medidas inmediatas para frenar la crisis sanitaria dentro de la Penitenciaría del Litoral. La emergencia vuelve a evidenciar las profundas falencias del sistema penitenciario ecuatoriano, donde la falta de atención en salud sigue cobrando vidas y alimentando una crisis que, lejos de resolverse, parece profundizarse.