La excandidata presidencial Luisa González rechazó de manera tajante este miércoles las acusaciones de supuesta financiación irregular desde Venezuela a su campaña de 2023 en el marco del caso denominado Caja Chica, calificando la investigación como una “persecución política” y lanzando fuertes señalamientos contra el presidente Daniel Noboa, el fiscal general subrogante Carlos Alarcón y la dirigente Marcela Aguiñaga.

En una rueda de prensa ofrecida tras los allanamientos realizados por la Fiscalía General del Estado en Quito y otras ciudades, González sostuvo que ni ella ni su movimiento político, Revolución Ciudadana (RC), recibieron “ni un solo centavo” de Venezuela, del llamado Cartel de los Soles o de grupos delictivos, y que presentaron todos los reportes de financiamiento exigidos por las autoridades electorales.

La investigación, denominada Caja Chica, fue iniciada por la Fiscalía bajo la hipótesis de presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos, partiendo de la existencia de ingresos en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023, en la que González y su compañero de fórmula, Andrés Arauz, alcanzaron un alto porcentaje de votos.

González cuestionó que su vivienda y otros inmuebles de personas cercanas hayan sido allanados con base en una denuncia de identidad reservada, y que figuras como Marcela Aguiñaga —que era presidenta del movimiento en ese periodo no estén entre los investigados, pese a haber tenido responsabilidades en la organización política.

En su intervención, la excandidata arremetió directamente contra el presidente Daniel Noboa, a quien tildó de cobarde por, según ella, no presentar pruebas que vinculen a RC con narcotráfico o financiamiento ilícito, y sugirió que la Fiscalía, liderada en funciones por Carlos Alarcón, favorece a aliados del Gobierno mientras persigue a opositores políticos.

Las declaraciones de González también generaron respuestas públicas. Marcela Aguiñaga, por ejemplo, rechazó las imputaciones de González sobre su responsabilidad en el manejo de fondos de campaña, recordando que —según la normativa electoral la obligación recae en el candidato y en el responsable financiero, no en la presidencia del movimiento, y que ella renunció a ese cargo días después de las elecciones de 2023.

Mientras tanto, otros aliados políticos de González han calificado la investigación como una maniobra del Ejecutivo para debilitar a la oposición y distraer de los problemas de seguridad y corrupción que enfrenta el país, intensificando así la polarización en torno al caso.

El caso Caja Chica sigue su curso tanto en la Fiscalía como en instancias electorales y políticas, y ha reavivado el debate sobre la transparencia en el financiamiento de campañas en Ecuador. Las partes involucradas, lejos de acercar posiciones, han profundizado sus acusaciones, lo que augura una mayor confrontación política en las próximas semanas.