Fede” firma acuerdo con Fiscalía: cooperación eficaz reduce pena, pero mantiene condena de 40 años.

Rolando Federico Gómez Quinde, conocido en el mundo del crimen organizado como alias “Fede” y cabecilla de la banda Los Águilas, firmó un acuerdo de cooperación eficaz con la Fiscalía General del Estado, aceptando responsabilidad en uno de los procesos penales que enfrenta y acogiendo un procedimiento abreviado que le permite una reducción de pena en ese caso, sin afectar su condena principal de 40 años de prisión.

El pacto entre Gómez Quinde y la Fiscalía se enmarca en el proceso por asociación ilícita, derivado de su fuga de la Penitenciaría del Litoral en junio de 2025. En ese escape, “Fede” empleó artimañas que incluyeron usar el nombre de otro recluso para salir disfrazado con ropa militar, según su propia versión anticipada incluida en el acuerdo.

Al aceptar su culpabilidad en este proceso, “Fede” logró que la pena correspondiente a ese delito que legalmente podría ser de tres a cinco años se fije en 24 meses, conforme a las ventajas del procedimiento abreviado. Sin embargo, esta reducción no se sumará ni modificará la condena previa de 40 años impuesta por tráfico de drogas y tráfico ilícito de armas, que es la pena máxima permitida por la legislación ecuatoriana.

La sentencia que lo mantiene recluido incluye 26 años por narcotráfico y 19 años por tráfico ilícito de armas, un total que supera la máxima pena legal permitida, por lo que se ajustó oficialmente a 40 años de prisión en un único fallo unificado.

Este acuerdo de cooperación eficaz que incorporó su versión detallada sobre cómo logró escapar del penalpretende también aportar a la investigación judicial para identificar a otros posibles implicados, incluyendo funcionarios públicos y miembros de las fuerzas del orden vinculados con su fuga.

Aunque el procedimiento abreviado no reduce la condena principal, el paso de “Fede” por la Fiscalía y su declaración anticipada podría influir en otras líneas de investigación. Las autoridades judiciales buscan con ello fortalecer las pruebas ante posibles nuevos cargos y deslindar responsabilidades en una de las fugas más polémicas de los últimos años en el sistema penitenciario ecuatoriano.