La bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) presentó un proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP) con el objetivo de eliminar la prescripción de delitos de alta gravedad, incluidos los vinculados al crimen organizado, terrorismo, sicariato y trata de personas.

Este 15 de diciembre, la asambleísta Diana Jácome, en representación de ADN, ingresó a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que busca modificar el numeral 4 del artículo 16 del COIP para que no se extinga ni la acción penal ni la pena por ciertos delitos considerados de alto impacto social.

Según la propuesta, delitos como delincuencia organizada, terrorismo y su financiación, tráfico de drogas, sicariato, secuestro, trata de personas, tráfico de migrantes, pornografía infantil, tráfico ilícito de armas y lavado de activos dejarían de prescribir tanto en la acción como en la pena.

La iniciativa surge ante la preocupación de que integrantes de organizaciones criminales aprovechen el transcurso del tiempo para eludir la acción de la justicia, desplazándose fuera del país u ocultándose hasta que prescriban sus causas, lo que, según los promotores de la reforma, genera una sensación de impunidad.

La legisladora Jácome ha argumentado que la imprescriptibilidad de estos delitos permitirá que la justicia continúe su curso aun cuando los acusados se encuentren en el extranjero y fortalecerá la persecución penal internacional, con mayor coordinación para la detención de procesados que regresen al país.

Desde la bancada oficialista se plantea que esta reforma no solo refuerza la capacidad sancionadora del Estado frente al crimen organizado, sino que también protege el derecho de las víctimas al acceso continuo a la justicia, especialmente en casos de delitos con consecuencias sociales profundas.

El proyecto ahora deberá seguir el trámite legislativo correspondiente en la Asamblea Nacional, que incluye análisis en comisiones y debates en el Pleno antes de una eventual aprobación y promulgación.

Con esta iniciativa, la bancada ADN busca dar una respuesta normativa a la percepción ciudadana sobre impunidad y reforzar las herramientas legales para enfrentar delitos complejos que han puesto a prueba el sistema penal ecuatoriano, en línea con compromisos internacionales de lucha contra la criminalidad organizada y el terrorismo.