Las principales autoridades de turismo y gobierno local de Guayas y Cuenca han manifestado públicamente su profunda inquietud tras reportarse un presunto incidente de asalto a una furgoneta que transportaba turistas. El suceso tuvo lugar en un punto crítico de la red vial, específicamente en el sector conocido como Tamarindo, ubicado en la carretera que conecta Cuenca con Molleturo y El Empalme, una ruta vital que une la Sierra con la Costa ecuatoriana.
Lorena Guillén, quien encabeza la Fundación de Turismo para Cuenca, ofreció declaraciones enfáticas sobre la situación.
Subrayó que, a nivel tanto local como provincial, se están implementando diversas estrategias e invirtiendo recursos con el objetivo de robustecer la seguridad en las rutas y destinos turísticos. Sin embargo, hizo un llamado de atención directo al Gobierno central, instando a una reacción más contundente y efectiva frente a la escalada de dificultades relacionadas con la delincuencia en las carreteras.
Guillén ilustró la situación mencionando los esfuerzos ya realizados por las administraciones de las prefecturas del Guayas y Azuay, las cuales han destinado fondos a proyectos e infraestructura diseñados para mejorar la seguridad vial. Pese a estas inversiones locales, el reciente asalto sugiere que dichas medidas, por sí solas, no han logrado mitigar el problema de raíz. La directora advirtió sobre las graves consecuencias de estos hechos, que no solo ponen en riesgo la integridad de los viajeros, sino que también desalientan la llegada de visitantes a la ciudad de Cuenca y frenan el flujo turístico hacia las playas de la Costa ecuatoriana.
Por su parte, Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas, se sumó a la condena del acto delictivo ocurrido justo en el límite que divide las provincias de Guayas y Azuay. Aguiñaga detalló las acciones específicas que su administración está llevando a cabo para colaborar con la seguridad ciudadana. Mencionó la implementación de «acciones de disuasión, soporte tecnológico y coordinación», destacando que su sistema de monitoreo vial, que opera con tecnología de Inteligencia Artificial (IA), ha sido puesto a disposición de las autoridades competentes para facilitar las investigaciones del caso.
No obstante, la Prefecta Aguiñaga fue clara al establecer límites sobre el alcance de su gestión. Enfatizó que, si bien el apoyo tecnológico y la colaboración son importantes, «la seguridad no se resuelve solo con apoyo». A su criterio, las responsabilidades están claramente definidas. El control territorial, la prevención proactiva del delito y la respuesta inmediata y contundente ante los hechos criminales son competencias exclusivas de las fuerzas del orden del Estado (Policía Nacional y Fuerzas Armadas), y estas deben ejercer dichas funciones con un trabajo «efectivo y permanente».
