Prestadores externos de salud “operan al límite”; reclaman pagos atrasados de 20 meses

Los hospitales y clínicas privados que ofrecen servicios a pacientes del sistema de salud público en Ecuador enfrentan una crisis financiera severa. Esta situación se debe a la falta de pagos, las deudas acumuladas y las auditorías médicas retrasadas por parte del Gobierno y el IESS. La suspensión parcial de servicios ya comenzó en Guayas y podría expandirse a otras provincias si no se resuelven los problemas de financiamiento. Los proveedores de Azuay han advertido que la continuidad de la atención depende del cumplimiento de los compromisos estatales.

20 meses sin pagos

Uno de los sectores más afectados es el de diálisis. El nefrólogo Augusto Vázquez Arízaga, gerente de la Unidad de Servicios Renales del Austro (Unireas), explica que la deuda principal proviene del Ministerio de Salud Pública (MSP) y del Ministerio de Finanzas.

“Llevamos 20 meses sin pagos. Hemos gestionado con todas las autoridades, incluso con el gobernador, pero nada se concreta”, señaló.

Vázquez indicó que desde el Ministerio de Salud se les propuso una negociación mediante bonos del Estado o bienes inmuebles.

“Se aceptó la posibilidad de recibir bonos, pero pedimos que, dada la falta de liquidez de las empresas de diálisis en el Azuay, por lo menos, se pague el 20 % de la deuda a cada uno. Hubo ese compromiso con el exministro Jimmy Martin, pero salió del cargo y no hemos recibido respuesta”, agregó.

Actualmente, el exministro Martin enfrenta un pedido de juicio político por supuesto incumplimiento de funciones relacionado con la crisis hospitalaria, falta de medicinas y de pagos a los servicios externos y de diálisis.

Unireas atiende a 240 pacientes, de los cuales 82 corresponden al MSP y el resto al IESS e ISSFA. Realiza hemodiálisis, diálisis peritoneal y manejo integral, desde bebés hasta adultos mayores.

Sin embargo, sostienen su operación con los pagos del IESS y del ISSFA, además con créditos financieros; mientras el MSP continúa en mora.

“Llegará el momento en que se agoten los insumos. Si dejamos de dar el servicio será por imposibilidad operativa”, aseveró.

Crisis

Aunque en Azuay no se ha anunciado la suspensión de atención, el Observatorio de la Salud del Azuay advierte que los retrasos y la falta de planificación pueden profundizar la crisis.

Su Coordinador, José María Egas, explica que en la provincia los prestadores han “capeado” la situación gracias a compras de emergencia y gestiones locales, pero recuerda que esta solución es temporal.

Egas añade un elemento crítico: la inestabilidad interna del IESS.

“Solo en 2025, la institución ha tenido cuatro directores provinciales, tres gerentes, tres presidentes del Consejo Directivo y tres directores nacionales”, indicó.

A esto se suma la centralización de procesos en Quito, que impide avanzar en pagos, auditorías y contratación de personal.

Egas señala que la centralización en el IESS genera serias dificultades porque todo se decide en Quito: qué se paga, qué no se paga, además de la gestión de personal.

Explica que, aunque desde Azuay se han enviado pedidos, no se han atendido.

Como ejemplo menciona el Hospital «José Carrasco Arteaga» del IESS.

«La aprobación para designar a la persona encargada de la Dirección Financiera no llega desde Quito, pese a que han pasado entre dos y tres semanas. Esto impide trabajar. Se tienen que hacer los trámites e ir a rogar en Quito para que se les atienda», aseveró.

En Guayas el sistema colapsó

La mañana del 1 de diciembre de 2025, 37 de 40 prestadores de nivel 2 dejaron de recibir pacientes derivados del IESS.

La vocera del sector, Cristina Freire, indicó que la acumulación de deudas desde 2023, sumada a pagos parciales que no superan el 15 %, hizo inevitable la suspensión.

Entre el 60 % y el 80 % de los ingresos de estas unidades depende del IESS.

Los prestadores exigen la reactivación inmediata de auditorías, un cronograma claro de pagos, atención a la deuda acumulada.

De no haber respuesta, analizan acciones legales conjuntas en 2026.

“No tenemos una fuente inagotable de ingresos. Si el Estado no paga, el servicio se caerá solo”, advirtió Vázquez en Unireas.

Mientras tanto, miles de pacientes con enfermedades catastróficas —entre ellos quienes requieren diálisis tres veces por semana— viven al borde de una interrupción que su salud no puede soportar.